Ley REP: empresas chilenas deben probar con datos qué hacen con su basura o arriesgan sanciones

Tres años han pasado desde que Chile comenzó a exigirle a las empresas hacerse cargo de los envases y embalajes que ponen en el mercado. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), vigente desde septiembre de 2023, obliga a los fabricantes e importadores a recolectar y valorizar los residuos que generan sus productos. Y aunque el sistema sigue madurando, el diagnóstico de quienes trabajan en el sector es claro: cumplir las metas en el papel ya no basta. Ahora hay que probarlo con datos.

En 2026, que marca el cuarto año de exigencias, los porcentajes de valorización para envases no domiciliarios se vuelven más exigentes: 51% para metales, 32% para plástico y 65% para papel y cartón. Sin embargo, la realidad del reciclaje en Chile sigue siendo precaria. Según la Radiografía de Residuos Municipales 2024, elaborada por Kyklos y la Asociación Chilena de Municipalidades con datos de 327 comunas, apenas el 1,5% de los residuos generados en el país fue efectivamente valorizado. La brecha entre lo que exige la ley y lo que ocurre en la práctica es enorme.

Desde Bendito Residuo, empresa especializada en gestión de residuos para organizaciones, advierten que el verdadero desafío para las empresas ya no es solo cumplir una cuota, sino poder responder con trazabilidad: qué material se recuperó, cuánto pesó y dónde terminó cada fracción. Sin esa información, el cumplimiento queda en entredicho ante la autoridad.

El tema resuena con fuerza en la ciudadanía. Según una encuesta de Ipsos y la PUCV publicada en 2026, la gestión de residuos encabeza con un 26% los problemas ambientales que los chilenos quieren ver resueltos. Además, la Ley REP es reconocida por un 11% de los encuestados como uno de los principales hitos ambientales de las últimas tres décadas en el país.

El sistema, además, no para de crecer. El pasado 7 de mayo se publicó el decreto que incorpora pilas y aparatos eléctricos y electrónicos al esquema de la REP, sumándose a neumáticos y aceites lubricantes. Aún están pendientes los decretos para baterías y textiles, lo que anticipa más obligaciones para distintos sectores productivos.

¿Qué deben hacer las empresas hoy? Entre las principales obligaciones vigentes se cuentan:

• Adherirse a un sistema de gestión autorizado o demostrar valorización propia mediante gestores registrados.
• Informar al Ministerio del Medio Ambiente antes del 30 de junio de cada año la modalidad de cumplimiento elegida.
• Reportar la generación de residuos en el sistema oficial SINADER.
• Disponer los residuos únicamente con destinatarios autorizados y registrados ante la autoridad.

Para el común de los chilenos, el impacto de esta ley se traduce en más puntos de reciclaje, mayor presión sobre las industrias para diseñar envases más sustentables y, en el mediano plazo, menos residuos en los vertederos. El camino es largo, pero la exigencia de rendir cuentas con datos concretos marca un cambio de fondo en cómo Chile entiende la gestión de su basura.